Economía & Negocios
Ruralistas y exportadores, en guardia por otro control al comercio
La cadena agrícola está convulsionada por un proyecto oficial adelantado por Clarín hace varias semanas: convertir en obligatoria la declaración de todas las operaciones con granos, de modo de obtener valores transparentes y conocer con certeza qué sucede en el mercado. Ayer hubo una reunión entre todos los actores del negocio. Todos dijeron apoyar el objetivo pero varios expusieron sus temores.
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Las más inquietas con la iniciativa son las exportadoras y aceiteras. Su presidente, Alberto Rodríguez, planteó en la reunión que el sector no quería quedar bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores (CNV), que impulsa esta medida en conjunto con el Ministerio de Agricultura. Los representantes de los productores también plantearon reparos. Una curiosidad, ya que son los ruralistas quienes se quejan de la escasa transparencia que existe en los mercados.
El proyecto que circula determinaría que deberán declararse todas las operaciones de compraventa de granos. La declaración sería on line a un sitio web especialmente diseñado y la harían los agentes autorizados por la CNV y Agricultura, los llamados corredores. Con esa información se podría contar con datos fiables sobre el mercado. Hoy, por el gran crecimiento de las ventas directas, que representan 40% de los negocios, muchas veces ni siquiera queda registro de los negocios que se realizan.
Algunas asperezas se han limado entre los sectores. Por caso, se decidió modificar el proyecto y ya no habrá que operar obligatoriamente en un mercado de futuros, sino solamente declarar cada operación a las Bolsas de Cereales. Esto determinó un decidido apoyo de la Bolsa de Comercio de Rosario, donde funciona todavía el tradicional "piso" donde se vocean las ofertas de compradores y vendedores.
Como quedan cosas por resolver, el escenario más probable es que mañana la cadena agrícola no llegue con una postura común a la reunión con los funcionarios de la CNV y del Ministerio de Agricultura. Esto abriría dos posibles escenarios. O el gobierno abre una de negociación con los privados. O decide avanzar directamente con una Resolución que está escrita y solo debería ser firmada.
Matías Longoni
Clarín
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